Nueva norma para controlar la gestión de residuos eléctricos y electrónicos en España
El esperado Real Decreto para el mercado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos termina su tramitación; busca controlar todos los canales de gestión para atajar la ilegalidad y evitar sanciones europeas.
El 16 de octubre, la Comisión Europea
abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado a
su ordenamiento jurídico la Directiva 2012/19/UE, sobre Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (Raee) en el plazo establecido, que venció el pasado
14 de febrero. El toque de atención incluía un margen de dos meses para
cumplir, so pena de elevar la denuncia al Tribunal de Justicia Europeo, cuyo
fallo conlleva sanciones.
Afortunadamente, se está terminando de
tramitar un nuevo Real Decreto sobre Raee que traspone la citada Directiva e,
incluso, va más allá en algunos aspectos, como el establecimiento de un
objetivo para la reutilización de los aparatos usados en circuitos de segunda
mano, medida que se descolgó de la versión final de la Directiva a última hora.
Teniendo en cuenta el ritmo de caracol de la burocracia bruselense, el
procedimiento infractor no llegará a convertirse en sancionador.
El retraso en la elaboración del
Decreto -y en la transposición de la Directiva- se ha debido a "las
dificultades que implica establecer un nuevo régimen de gestión en un flujo de
residuos cuya situación en España es difícil", según indica la memoria de
impacto de la futura norma.
De acuerdo con la Fundación para la
Economía Circular, los Raee son el 2,5 por ciento de los residuos domésticos y
comerciales del país. Son muy variados, por lo que exigen tratamientos
específicos y, a diferencia de otros residuos, tienen valor económico; por
consiguiente, alrededor de su gestión hay conflictos de intereses: los
fabricantes quieren introducir constantemente productos nuevos en el mercado;
los sistemas integrados de gestión (SIG), financiados por los fabricantes, se
consideran el legítimo canal de recogida y tratamiento, y compiten entre sí, a
veces con prácticas impropias; los chatarreros no quieren dejar de ganarse la
vida vendiendo sus materiales; los consumidores pagan para que no acaben en el
vertedero, etcétera. Sobrevolando todo ello está el descontrol: no se sabe qué
tratamiento recibe el 80 por ciento de los Raee que se generan en España.
Según los datos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que no tienen en cuenta
la comercialización ilegal, en España se venden casi 740.000 toneladas de
aparatos eléctricos y electrónicos al año y sólo se recogen alrededor de
160.000 toneladas. De estas se valorizan, reutilizan o reciclan un 75 por
ciento, pero todo lo demás, el 80 por ciento restante, desaparece por culpa del
mal sistema de trazabilidad; en circuitos directamente ilegales se mueve un 30
por ciento. Quizá una parte importante se gestione correctamente, pero no hay
datos.
El consumidor paga para nada
Los Raee contienen materiales valiosos.
De la gran mayoría se extrae plástico y metales, que son preciosos en algunos
casos, como el de los teléfonos móviles: cada terminal de 100 gramos contiene
0,0008 gramos de oro, plata y paladio. En el mercado se pagan unos 200 euros
por tonelada de plástico, 300 euros por la de acero, entre 800 y 1.000 por la
de aluminio y unos 4.500 euros por la de cobre. Por eso los residuos escapan de
los circuitos controlados de recogida.
Al comprar uno de estos aparatos, el
precio incluye el tratamiento que debe recibir cuando no nos sea útil.
Dependiendo de las marcas, por cada teléfono pagamos unos 0,075 euros; por cada
frigorífico, de 25 a 30; por cada lavadora, cinco, etcétera. Con estas
cantidades, los fabricantes establecen los SIG, encargados de recoger los Raee
para que sean tratados adecuadamente y evitar que acaben en el vertedero. El
descontrol por lo tanto, desvirtúa el pago inicial de los consumidores.
Además, no se sabe si se tratan como
deben las substancias tóxicas o perjudiciales para el medio ambiente, como
ocurre con los gases fluorados de los frigoríficos, muy contaminantes; es harto
frecuente que a los gestores autorizados lleguen las neveras con el motor
reventado, con lo que ya se ha producido la fuga de gases.
El descontrol y la ilegalidad pueden
comenzar con los indigentes que recogen los aparatos que los vecinos dejan en
la calle, quizá a la espera del transportista correspondiente, o con el asalto
a los puntos limpios, tan frecuentes que se está empezando a usar un caro
sistema de cierre hidráulico para los contenedores y no es raro que se hayan
alcanzado, bajo cuerda, pactos con los ladrones para evitar mayores destrozos.
Pero también puede ser un chatarrero
que no actúe como un auténtico gestor de residuos, o una tienda de reparaciones
sin autorizaciones ni garantías. En demasiadas ocasiones -mucho más fuera de la
UE- los residuos sin valor acaban en los países pobres.
Contabilizar todos los circuitos
Estando así las cosas, la gran obsesión
del Gobierno es disponer de información y controlar los flujos de los valiosos
residuos, de modo que se contabilice lo que transita por todos los circuitos y
se asegure su correcto tratamiento. Además, no puede olvidarse que hay que
cumplir con la UE, que ya nos está dando toques de atención.
La cosa no está fácil. La actual
normativa establece que desde finales de 2006, y hasta diciembre de 2015, se
deben recoger separadamente unos cuatro kilos por habitante y año de Raee.
España nunca ha conseguido alcanzarlos, y nos hemos quedado en el entorno de
los tres kilos por habitante y año, aunque se dice que cumpliríamos el objetivo
si se contabilizase el material que circula por los canales opacos.
La nueva normativa es más exigente e
incrementa los objetivos progresivamente. Además, habrá que afinar, porque en
vez de establecer esas metas en función del peso, como hasta ahora, lo hará en
función del porcentaje de aparatos recogidos de acuerdo con siete categorías
diferentes, desde lámparas hasta paneles fotovoltaicos; en conjunto, hasta 2018
habrá que recoger el 45 por ciento y después el 65 por ciento.
Para poner orden en la recogida de
Raee, el nuevo Decreto establece cuatro canales: la recogida de basuras de los
municipios; las tiendas de los distribuidores de aparatos nuevos, que deberán
aceptar los aparatos usados -incluidos los muy pequeños, como los teléfonos- si
disponen de un establecimiento de más de 400 metros cuadrados; los propios
fabricantes, que pueden establecer SIG, colectivos o particulares; y los
gestores de residuos, como los chatarreros.
Además, mejora el sistema de
trazabilidad de los aparatos, establece normas técnicas homogéneas para su
tratamiento y crea un Centro de Coordinación, con potentes herramientas
telemáticas, en el que participarán todos los actores del proceso, desde las
comunidades autónomas -cuyos sistemas informáticos no cuadran- y los
ayuntamientos, hasta las entidades de la llamada economía social, como los
Traperos de Emaús, pasando por los fabricantes o los puntos limpios. "Con
ello debería conseguirse que a los centros de tratamiento especializados
lleguen sólo los residuos para los que están diseñados, en contra de lo que
pasa ahora", como sostiene Daniel López, de Ecologistas en Acción. En la
actualidad hay unos 700 centros de tratamiento repartidos por todo el país y se
estima que sólo el 30 por ciento de los residuos que reciben son adecuados para
sus instalaciones.
El fabricante financia, pero no
controla
Todos los actores del mercado de Raee
reconocen el esfuerzo del Gobierno por aclarar el panorama, pero el
planteamiento ha sentado muy mal a algunos de los interesados, como los
fabricantes. La Ceoe, en sus alegaciones al borrador de Decreto, es tajante:
"amenaza la competitividad de los sectores afectados, va contra el mercado
único y genera situaciones de grave inseguridad jurídica".
El malestar de las empresas abarca
numerosos aspectos de la nueva norma, pero quizá el principal esté en el hecho
de que se obliga a los fabricantes -también los que venden por Internet- a
financiar todo el proceso de recogida, incluido el Centro de Coordinación y las
campañas de sensibilización, sin que puedan controlar cómo se realizan las
labores ni su resultado final. Es más, se les considera responsables de todo y
tienen que depositar una fianza -variable en función de los objetivos de
recogida y unos costes medios de gestión- que pueden ejecutar las comunidades
autónomas si consideran que no se han alcanzado los objetivos en su territorio,
aunque sí se hayan cumplido en el plano nacional.
Reducir los costes de gestión de los SIG
En la actualidad hay nueve SIG de Raee
de ámbito nacional que atienden a la vez a varios fabricantes, así como algunos
SIG de ámbito autonómico, además de los sistemas habilitados individualmente
por los propios fabricantes. En conjunto, de acuerdo con estimaciones
informales, su volumen de negocio asciende a 70 u 80 millones de euros anuales.
Todos ellos se coordinan en una
oficina, Ofiraee, en la que no tienen cabida los otros agentes del mercado de
residuos, uno de los principales fallos del sistema actual.
Ofiraee ha costado 34 millones de euros
entre 2007 y 2013, incluyendo pagos a entes locales por unos tres millones y
campañas de publicidad por otros 10 millones. El Magrama considera que es un
monto elevado para los resultados obtenidos y aspira a reducirlo. De acuerdo
con la memoria de impacto del Decreto, el nuevo Centro de Control exigirá una
cuantía "sustancialmente menor", pero sin especificar más; de hecho,
la memoria sólo augura una importante rebaja de los costes de gestión, que
deberían pasar de 35.000 euros anuales a únicamente 3.500.
Una norma sin análisis de impacto económico
Ceoe rechaza de plano estas
expectativas de ahorro y es muy dura con el exiguo análisis económico que
respalda el nuevo Decreto. Considera que "el coste general de las medidas
que se introducen es elevadísimo" y que "no existen análisis de
impacto rigurosos de las consecuencias de estas medidas sobre los sectores
afectados". De acuerdo con todas las fuentes consultadas, la patronal de
patronales tiene razón: si el sistema de gestión va a ser mejor y más complejo,
tiene que ser necesariamente más caro.
Igualmente, Ceoe alerta de que, aunque
la memoria espere numerosos efectos económicos positivos, como un aumento
"exponencial y notable" del empleo, un abaratamiento de los productos
por la mayor eficiencia de la recogida, una mayor innovación para cumplir los
nuevos requisitos técnicos y otros efectos que no se cuantifican, hay que
considerar costes importantes, como la adaptación de las factorías al nuevo
sistema de trazabilidad o a las nuevas especificaciones técnicas, y la
preparación de los puntos de recogida de los aparatos usados para que puedan
reutilizarse.
Preparación para la reutilización: punto controvertido
Ese punto, la preparación para la
reutilización, que el texto fija en el 5 por ciento de los Raee recogidos, es
uno de los más controvertidos. Los fabricantes han cargado contra él porque
reducirá las ventas de productos nuevos y reclaman que no se aplique hasta que
sea obligatorio en toda la UE. Alegan que será complejo y costoso tanto
habilitar los puntos de recogida como preparar nuevos canales de venta para los
productos de segunda mano, extremo que otros agentes ponen en duda.
"La preparación para la
reutilización puede ser tan sencilla como preguntar al propietario del aparato
si éste funciona o no; si funciona, se deja aparte y ya está", comenta
Álvaro Rodríguez, portavoz de la Federación Española de la Recuperación y el
Reciclaje, entidad que aglutina a los gestores, la gran mayoría chatarreros. Su
sector está mucho más contento con el resultado del Decreto: "no está como
nos gustaría, pero valoramos el esfuerzo que se ha hecho y nos hemos sentido
escuchados y reconocidos". No es para menos, porque ahora serán parte
activa del proceso de gestión.
En cualquier caso, el Magrama parece
haber escuchado las quejas de los fabricantes y ha anunciado que en la versión
final del Decreto el objetivo de recuperación se reducirá hasta el 2 ó el 3 por
ciento, según el tipo de aparato.
Avanzar hacia la prohibición de la
obsolescencia programada
Las asociaciones ecologistas y
numerosos expertos subrayan la importancia de la reutilización, que es un
avance en la aplicación de la pirámide de gestión de residuos, encabezada por
la prevención y seguida por la preparación para la reutilización, el reciclado,
la valorización y el vertido. Además, se interpreta como un paso adelante hacia
la prohibición de la obsolescencia programada -"desfachatez
programada", dicen algunos-, algo que la vecina Francia ya ha legislado:
su nueva Ley de transición energética incluye multas que pueden llegar a los
300.000 euros y penas de cárcel de dos años para los fabricantes que programen
la defunción de sus productos.
A la CNMC le gusta la nueva norma
La unidad del mercado nacional es otro
aspecto controvertido. El Decreto establece, a la vez, objetivos de ámbito
nacional y autonómico, y otorga a los ayuntamientos la potestad de escoger a
los gestores de residuos, práctica criticada por la CNMC por el amiguismo en
que puede derivar.
El organismo regulador también cuestiona
las obligaciones de información impuestas a los fabricantes con una cuota de
mercado superior al 30 por ciento, porque invade sus competencias, pero
"valora positivamente" la propuesta normativa, porque facilitará la
trazabilidad, "sintoniza" con la unidad de mercado y evitará mucha de
la competencia desleal que produce la economía sumergida. Eso sí, reclama una
reducción del número de registros y de las obligaciones de informar a las
distintas administraciones que padecen los incumbidos.
Dividir en dos el mercado
En resumidas cuentas, el nuevo sistema
será económicamente más caro a corto plazo, pero más barato ambiental y
socialmente, y probablemente aumente todos los beneficios a medio y largo
plazo. Además, al contemplar todos los canales de gestión de los residuos,
facilitará que se alcancen los objetivos comunitarios y que nos libremos de las
sanciones.
La principal pega es que dividirá en
dos el mercado, entre Raee sin valor y Raee con valor. Así lo resume José
Pérez, consejero delegado de Recyclia, una plataforma integrada por tres SIG:
"cabe esperar que el resto de agentes se limite a la recogida y gestión de
aquellas fracciones de residuos de las que pueda obtenerse un valor positivo,
en lugares de fácil acceso y acopios significativos".
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