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Mostrando entradas de enero, 2015

Nueva norma para controlar la gestión de residuos eléctricos y electrónicos en España

El esperado Real Decreto para el mercado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos termina su tramitación; busca controlar todos los canales de gestión para atajar la ilegalidad y evitar sanciones europeas. El 16 de octubre, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado a su ordenamiento jurídico la Directiva 2012/19/UE, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee) en el plazo establecido, que venció el pasado 14 de febrero. El toque de atención incluía un margen de dos meses para cumplir, so pena de elevar la denuncia al Tribunal de Justicia Europeo, cuyo fallo conlleva sanciones. Afortunadamente, se está terminando de tramitar un nuevo Real Decreto sobre Raee que traspone la citada Directiva e, incluso, va más allá en algunos aspectos, como el establecimiento de un objetivo para la reutilización de los aparatos usados en circuitos de segunda mano, medida que se descolgó de la versión final de la Directiv

En España condenaron a cuatro personas a 12 años de prisión por gestión fraudulenta de residuos

Cuatro personas condenadas a 12 años por gestión fraudulenta de residuos Madrid, 12 dic (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro personas a 12 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, tras demostrarse que desviaron más de 2.000 neveras y las trituraron sin controles ambientales, lo que supuso un perjuicio a los sistemas naturales y a la salud de las personas. La sentencia, dada a conocer hoy, impone además que cuatro de los condenados indemnicen a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid con casi 51.000 euros, cuantía de la que deberán responder subsidiariamente las empresas de gestión de residuos donde trabajaban. A lo largo de medio centenar de páginas, el fallo judicial hace hincapié en la gravedad de las consecuencias medioambientales de los delitos cometidos entre 2007 y 2010, perjudicando tanto al equilibrio de los sistemas naturales como a la salud de las personas. La norma española y comunitaria obliga a que los resi