Residuos electrónicos sin destino

El Congreso trata un proyecto de ley para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos desechados que se acumulan en nuestro país.

La Cámara de Diputados está tratando el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, presentado por Daniel Filmus, y que ya cuenta con sanción de la Cámara de Senadores.

Se trata de un tema de imprescindible solución porque en la Argentina se generan alrededor de 120.000 toneladas anuales de basura electrónica que, según estudios realizados, en su mayoría queda almacenada en hogares, oficinas y depósitos. El resto es arrojado en basurales, donde contamina las napas de agua, los suelos y el aire, al liberar ácidos o materiales tóxicos como, por ejemplo, mercurio, cromo y berilio.

El hecho es que los materiales con los que se fabrican los dispositivos electrónicos resultan en un 90 por ciento reciclables. Sin embargo, en nuestro país se recicla menos del dos por ciento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan, lo que constituye no sólo un problema ambiental por la contaminación consecuente, sino por el desperdicio de minerales y materiales valiosos que forman parte de los equipos descartados, como oro, hierro y bronce, entre otros.

El proyecto establece el denominado principio de responsabilidad extendida del productor, que es un postulado internacional que promueve mejoras ambientales en el ciclo de vida de los productos, extendiendo la responsabilidad del productor especialmente a la recolección, reciclado y disposición final de los equipos.

En Europa, Japón y Colombia, entre otros países, se acepta este principio que significa que los productores tomarán a su cargo la gestión posconsumo de los aparatos eléctricos y electrónicos una vez que éstos se convierten en residuo, y formarán asociaciones de productores a fin de reducir costos y aumentar la eficiencia en la gestión.

Contrariamente a lo que ocurre en los casos mencionados, el proyecto de ley del senador Filmus propone la creación de un Ente Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Engeraee) para administrar la gestión de estos residuos, forzando para ello a las empresas a realizar aportes obligatorios por cada aparato eléctrico y electrónico, en forma anticipada a su primera puesta en el mercado, para así crear un fondo encargado para la gestión de esos residuos.

Cabe preguntarse acerca de la necesidad de contar con un organismo conformado por un directorio con funcionarios y asesores, que creará un importante dispendio administrativo que deberá ser solventado por los consumidores, quienes finalmente pagarán el costo de la gestión al comprar un nuevo aparato eléctrico o electrónico. Se tratará de un organismo que se apoderará de los residuos, cobrará las tasas y multas, y carecerá de responsabilidades, estando todas ellas a cargo del productor.

Sabido es que la primera premisa para iniciar cualquier campaña de recolección de residuos debe ser, necesariamente, determinar cual será su destino final, es decir, qué disposición final se les dará a los residuos que se recolecten. Cabe preguntarse si existen en la Argentina plantas de reciclado para todos los residuos de equipos eléctricos y electrónicos que se recolectarán a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Tampoco se entiende la incorporación de las pilas y baterías, cuando en realidad los equipos a los que nos referimos y las pilas y baterías son categorías completamente diferentes, y la legislación comparada refleja un tratamiento distintivo.

Teniendo en cuenta los actores involucrados, quizá sea recomendable fomentar y apoyar el principio de responsabilidad compartida incluyendo a distribuidores, comercializadores, gestores, consumidores e incluso al gobierno nacional y a los provinciales.

La basura electrónica es otro de los tantos temas ambientales que apremian a los argentinos y, sin duda, la masiva proliferación de equipos electrónicos ha tenido lugar sin que se desarrollasen, al mismo ritmo, estrategias seguras de actuación sobre sus residuos. Por ello, es imprescindible alcanzar una regulación apropiada para evitar un impacto en el ambiente por contaminación o por una explotación innecesaria de recursos, pero esa regulación ha de ser dinámica y ha de evitar, y no provocar, la proliferación de los procesos burocráticos.

La experiencia en la utilización de fondos que deben ser utilizados para la protección ambiental y resultan destinados a otros fines, como el reiterado uso de los fondos de la ley de bosques en Fútbol para Todos, obliga a obrar con suma cautela cuando hay que apoyar nuevas iniciativas que generan una mayor carga burocrática, máxime cuando, en otros casos, situaciones similares se han solucionado de un modo más eficiente.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1509364-residuos-electronicos-sin-destino