Residuos que matan
El próximo día 21 habrán de comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla los responsables de una empresa de gestión de residuos peligrosos y de una chatarrería vinculadas a la insólita tragedia que costó la vida a tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra, fallecidos en su domicilio, en diciembre pasado, al respirar una sustancia tóxica procedente de tapones con fosfuro de aluminio que almacenaban en el cuarto de baño.
La magistrada imputa a los dos
responsables empresariales, y a sus compañías como personas jurídicas, un
delito contra el medio ambiente en conexión con otros tres por homicidio
imprudente, ya que el suceso causó la muerte a un matrimonio de condición
social humilde y a una de sus hijas, de 14 años.
El auto se sustenta en los indicios
investigados y encontrados tras una labor prolija y tenaz de la Policía
Judicial– de que la empresa Alansu, autorizada para gestionar los residuos
peligrosos, incumplió la legalidad vigente al vender los botes cuyos tapones
contenían el fosfuro de aluminio a la chatarrería Reciclados Nivel, que no
contaba con autorización legal para gestionarlos ni los custodió en la forma
debida, lo que explica que los tapones acabaran en notables cantidades en el
cuarto de baño de la vivienda de las víctimas y que, en contacto con la humedad
o el agua, produjesen la sustancia que mató a los tres familiares. Es de
destacar que todos los tapones llevaban etiquetas alertando de la peligrosidad
del contenido de los envases que sellaban, aunque en la casa sólo se encontró
uno con este precinto.
La juez ha ordenado que la Consejería
de Medio Ambiente que le remita la documentación relativa a todas las
inspecciones realizadas a la empresa de residuos peligrosos, identificando a
los funcionarios que las hicieron y los resultados de las mismas.
La profesionalidad de la Policía y la
firmeza y diligencia de la juez han permitido, de este modo, encauzar
correctamente un caso que conmocionó a la opinión pública por la singularidad
de los hechos y la falta de explicaciones convincentes que acompañó a la
tragedia durante mucho tiempo, lo que dio origen a teorías descabelladas acerca
de su origen y desarrollo.
Las diligencias continúan, ahora
pendientes de las declaraciones de las personas y empresas imputadas y de
la documentación de la Junta, pero de lo sabido hasta ahora se desprende un
trasfondo lamentable que hay que poner sobre la mesa: en materia
medioambiental, y concretamente en la eliminación de residuos tóxicos, hemos
solucionado con éxito la necesidad de una legislación estricta, pero seguimos
fallando en su aplicación rigurosa. Hace falta que las empresas cumplan las
leyes y que las autoridades vigilen que así sea. Mejor el control previo que el
castigo a posteriori, cuando el mal está hecho.
Fuente: http://www.diocesisdecordoba.com/wp-content/uploads/2014/07/20140707-EDC.pdf
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