Europa exporta ilegalmente 1,1 millones de toneladas de basura electrónica a África y Asia
Cadáveres de televisores, ordenadores, teléfonos móviles, frigoríficos, routers, teclados, copiadoras, altavoces, consolas de videojuegos, aparatos de aire acondicionado, reproductores de música, impresoras, lavadoras, placas y baterías solares se amontonan en el gigantesco vertedero de Agbogbloshie, uno de los barrios más pobres a las afueras de Acra, la capital de Ghana. La inmensa masa de basura electrónica ocupa una extensión del tamaño de 60 estadios Santiago Bernabéu (31 hectáreas).
En
solo una década, la zona se despidió de su biodiversidad: la contaminación del agua y de la tierra la hacen
imposible. Solo sobreviven allí decenas de miles de humanos, con serios riesgos
para su salud, rebuscando metales para vender por unos céntimos como materias primas. Cada día, rebuscan entre las placas base y
extraen las baterías de litio a golpe de piedra, sacan el cobre de los cables
quemando el revestimiento de plástico, usando como combustible llantas o la
espuma aislante de los frigoríficos.
Cuando
a dos organizaciones ecologistas internacionales, iPENy la
Basel Action Network (BAN), se les ocurrió en 2019 analizar los huevos de
las gallinas criadas en libertad en Agbogbloshie, se encontraron con que solo
un huevo contiene 220 veces más dioxinas cloradas que
el máximo tolerable para su ingesta diaria según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Además de altas
concentraciones de hexabromocyclododecano, un letal
retardante de llama que se usa como aditivo en el plástico de las carcasas de
ordenadores. Y el nivel máximo de bifenilos policlorados (PCBs)
que permite la UE multiplicado por 17.
Según un estudio publicado en el International Journal of
Environmental Research and Public Health, en 2020, el 79% de las
personas que habitan junto a Agbogbloshie padecen dolores fuertes que les obligan
a tomar analgésicos a diario. Otras dolencias comunes son quemaduras,
irritación ocular, trastornos digestivos, tos, problemas de piel, pérdida de
audición, dificultades respiratorias, migrañas y nausea crónica.
A medio plazo, el contacto
continuado con los compuestos venenosos que flotan en el aire e inundan el agua
y la comida "está asociado a cáncer, asma, trastornos del
neurodesarrollo, obesidad, disfunción tiroidea, trastornos del
comportamiento, abortos espontáneos, muerte neonatal y daño en el ADN",
nos dice Julius Fobil, investigador y decano de la Facultad de
Biología y Medioambiente de la Universidad de Ghana, y autor del estudio.
Envíos ilegales desde Europa
Mientras, cada día, siguen
llegando contenedores marítimos a los puertos de Tema y Acra, repletos de
todo tipo de tecnología inservible procedente de los países ricos. Los envíos
salen de Reino Unido, Italia, Alemania, España, Irlanda y Polonia (por
orden de cantidad), según revelaba un estudio de BAN. Los investigadores
colocaron dispositivos GPS en varios aparatos desechados en puntos limpios de
estos países europeos, para comprobar que acababan en países como Ghana, Hong
Kong, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Tailandia y Ucrania.
"Nuestras
aduanas no tienen recursos para controlar todo lo que entra. Muchas veces, los
contenedores están etiquetados de forma engañosa, catalogados como ropa de
niño, donaciones de segunda mano, bienes de consumo o electrodomésticos.
Incluso, llegan cargados de coches usados para su venta como vehículos de segunda mano, que por dentro
están repletos de ordenadores, televisiones y todo tipo de dispositivos y
aparatos que ya no funcionan", nos dice Mike Anane, activista medioambiental ghanés.
Unos
envíos que, además de ser un atropello para el medioambiente y la salud de las
personas, son ilegales. El Tratado de la Convención de
Basilea (1989) prohíbe que las naciones desarrolladas exporten su
basura a países en desarrollo. Pero parece que la ley no se cumple: más de la
mitad de los 50 millones de toneladas métricas de
basura electrónica que se generan al año en el mundo acaban en vertederos o son
ilegalmente exportadas a Asia y África, según
datos del Programa Medioambiental de la ONU. La cantidad es difícil
de computar con exactitud, pero, según informes de distintas fuentes, como la Organización Mundial de Aduanas, la Interpol y el Plan de
Acción contra el Crimen Medioambiental de la UE, Europa es responsable del
envío de, al menos, 1,1 millones de toneladas a África y Asia.
Si contamos solo los residuos digitales salidos de puntos limpios, la cifra de
exportaciones ilegales serían de 352.474 toneladas métricas al
año, según BAN.
Electrónica
embarazosa
El
problema es que los aparatos electrónicos están fabricados con componentes
altamente tóxicos, como litio, mercurio, plomo,
arsénico, bario, cromo, cadmio y retardantes de llama que, cuando
llegan al final de su vida útil, si no se manejan con medidas de seguridad,
antes o después, son absorbidos por la tierra y las aguas subterráneas... y por
las personas. Por eso su reciclado está sujeto a una meticulosa normativa en la Unión Europea, con estrictas
medidas de seguridad y protección. Estrictas... y caras. Tanto que, a veces, es
más rentable deshacerse de la basura electrónica que reciclarla. "No
quieren hacerse cargo de los altos costes y el riesgo tóxico que implica el
tratamiento de residuos electrónicos según las normas de seguridad que rigen en
sus países. El coste de reciclar no compensa a cambio del precio de las
materias primas que se obtienen", denuncia Anane. Una coyuntura que no
podía ser más favorable para los traficantes que organizan su exportación.
"Hay
gente que sistemáticamente se ocupa de estos envíos, que están relacionados con
el crimen organizado y el blanqueo de capitales. Es una actividad criminal con una estructura compleja detrás. Los
residuos mueven un dineral, millones y millones de euros. Coges algo que no
vale nada, a coste cero. Y de ahí puedes sacar un beneficio puro vendiendo el material", nos cuenta el comandante Carlos Astrain,
director del Grupo de Contaminación de la Unidad Central Operativa
Medioambiental (UCOMA) del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). El año pasado, Astrain dirigió
una operación en España, que se saldó con 18 detenidos, un millón y medio de
euros incautado y 10.000 toneladas de residuos electrónicos listos para
embarcar desde el puerto de Vitoria, hacia Ghana,
Nigeria y Guinea Ecuatorial. "Los detenidos llevaban diez años operando
en nuestro país. Se estima que, en el tiempo que duró la investigación, la
mercancía exportada rondaría los 4 millones de euros", señala.
Fuente: Público
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